“Hemos visto en el último tiempo como diversas entidades, privadas y públicas han comenzado campañas de entrega de “cajas con ayuda” con artículos de primera necesidad, a las familias más vulnerables del país, buscando cubrir de manera urgencia, la carencia primaria de alimentos, pero poco se ha dicho del acceso real y permanente de insumos propios de la realidad sexual y reproductiva de las personas”.
Por Alejandra Pérez Ceballos y Hernán López Hernández
Sin duda, en el contexto de pandemia y cuarentenas obligatorias que actualmente enfrenta la humanidad a consecuencia del virus SARS-CoV2 que da origen a la enfermedad COVID-19, se presenta un complejo escenario en la protección de los derechos fundamentales, encontrándose mayormente expuestos, amenazados o afectados en su ejercicio, teniendo en consideración de manera complementaria el actual estado de excepción constitucional de catástrofe, en que nos vemos inmersos como país, que se decreta con la finalidad de proteger a la población en su conjunto, de la actual crisis sanitaria.
Hoy por hoy, no es menos importante lo que está ocurriendo con los derechos sexuales y reproductivos, que emanan desde la esfera más íntima de las personas, proveniente de esa autonomía, que como ser humano nos permite de manera libre y voluntaria decidir sobre nuestra vida y nuestro cuerpo, siempre considerando las limitaciones legítimas en el ejercicio de ciertos derechos fundamentales en tiempos ordinarios y extraordinarios.
En esta esfera de derechos podemos mencionar en primer término la necesidad de una protección reforzada a la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, en todos los aspectos, no sólo económico, sino que también de contención emocional. En este punto son de suma importancia los programas gubernamentales y privados para ir en ayuda económica, en asuntos de salud y dignidad de las familias más afectadas por la pandemia1. Sin embargo, actualmente todo esfuerzo, aunque valorado por las familias chilenas, pareciera a momentos ser insuficiente, creando en muchas de ellas el sentir de sus efectos sólo al corto plazo, solicitando que se redoblen las medidas tanto preventivas como reactivas con miras a la protección de los derechos fundamentales por parte de todos los actores de la sociedad.
Hemos visto en el último tiempo como diversas entidades, privadas y públicas han comenzado campañas de entrega de “cajas con ayuda” con artículos de primera necesidad, a las familias más vulnerables del país, buscando cubrir de manera urgencia, la carencia primaria de alimentos, pero poco se ha dicho del acceso real y permanente de insumos propios de la realidad sexual y reproductiva de las personas; así por ejemplo: no incorporan anticonceptivos ni productos de primera necesidad para las mujeres en su período menstrual2 o pañales para aquellas familias que tienen hijos. Entendemos, que al momento de analizar el contexto local y determinar los productos que se incorporarían en las cajas entregadas por el Gobierno Central, se piensa en las necesidades más básicas de una familia en un plano general homogeneizado. Pero no dejamos de observar con especial preocupación el hecho que no se hubiesen incorporado entre las prioridades, los preservativos, puesto que el uso o no de estos, va en directa relación con el control de natalidad y en especial, la no propagación de diferentes enfermedades de transmisión sexual.
Relacionado con la ejecutoriedad de medidas reproductivas a nivel país, se ha visto mayormente alterado en la cotidianeidad el derecho que poseen las personas para decidir de manera libre y responsable sobre el hecho de convertirse en madre o padre. La decisión que actualmente no sólo se ve afectada en la práctica por una decisión de la persona o parejas, sino que, por externalidades, tales como el COVID-19 o las medidas dispuestas por la autoridad, que consecuencialmente vienen a condicionar el escenario en el cual se desarrolla este derecho reproductivo, así como en el resguardo y oportunidad de poder acceder a una atención a la salud de calidad durante el embarazo, el parto y el post parto.
Es sin duda necesario asegurar el acceso a servicios de salud o atención médica que garanticen una maternidad segura, libre de riesgos en los períodos de gestación, parto y lactancia, brindándose a los padres la máxima posibilidad de tener hijos sanos a causa de la pandemia y sus graves consecuencias. En período de cuarentenas y contagios, se debe evitar que los padres y el recién nacido se contagie al interior de los centros hospitalarios o del propio hogar. Surge en consecuencia la necesidad imperiosa de abordar de manera correcta el distanciamiento de padres contagiados con COVID-19, que deben cumplir cuarentena y asilamiento alejados de sus hijos.
Para la UNICEF “Las nuevas madres y los recién nacidos serán recibidos por una cruda realidad, y deberán enfrentarse a medidas de contención a nivel mundial, como los aislamientos y los toques de queda; el desbordamiento de los centros de salud debido a la respuesta a la enfermedad; la escasez de equipos y suministros; y una falta de parteras cualificadas, ya que los trabajadores sanitarios, incluidas las matronas, están siendo reubicados para tratar a los pacientes con COVID-19”3.
Se hace mención en este punto, el actual proyecto de ley que bajo el Boletín N° 13376-13 se está tramitando en la Cámara de Diputados, ingresado el día 25 de marzo del presente año, que propone modificar el Código del Trabajo, permitiendo extender el permiso postnatal para aquellas mujeres que se les venza durante una emergencia sanitaria, con ocasión de una pandemia, y mientras subsista la medida decretada por la autoridad competente. Sin duda este proyecto viene a reforzar de manera positiva la intención por proteger los derechos reproductivos en tiempos de emergencia sanitaria.
Relacionado con lo anterior, no debemos olvidar los factores propios de la planificación familiar, e incluir en este análisis a aquellas mujeres o parejas que no desean ser madres o padres. Nos hacemos entonces el siguiente planteamiento, sobre la existencia de una preocupación actual y efectiva a nivel país, al otorgar asesoramiento e insumos en la decisión de concebir o no un hijo, como son los métodos anticonceptivos, reiterando lo dicho al comienzo de este artículo; el apoyo oportuno y con dedicación exclusiva en los procesos de esterilización o de planificación de natalidad y finalmente en la entrega de información y contención frente a embarazos no deseados como ejercicio del derecho que toda persona posee a optar libremente sobre el cuerpo y propia vida en las circunstancias previstas por el legislador. Es válido cuestionarse si en los tiempos que corren, se pueden ejercer estas libertades de manera segura, cuando en la práctica las condiciones externas en los sistemas de salud y atenciones médica están siendo visiblemente afectada.
Sobre el embarazo no deseado, nos hacemos la siguiente pregunta ¿Pueden actualmente las mujeres ejercer el derecho reconocido de interrupción legal y segura del embarazo en las circunstancias específicas que estamos vivenciando? Asumiendo como base la complejidad del acto realizado desde lo biológico y psicológico, se agrega el encierro en cuarentena, y el miedo de contagio al verse en la necesidad de acceder a una intervención quirúrgica.
Para la Organización de Naciones Unidas, “El COVID-19 tendrá un impacto catastrófico para millones de mujeres. La falta de anticonceptivos provocará embarazos no queridos. Además, habrá un aumento de la violencia de género, los matrimonios infantiles y la mutilación femenina. Los países deben protegerlas”4.
Se destaca en este punto la actitud demostrada por el Colegio de Matronas Metropolitano, que ha prestado un apoyo fundamental en los procesos reproductivos de las mujeres, a través de un consultorio virtual de atenciones obstétricas. En palabras de la Presidenta del Colegio de Matronas, Katiuska Rojas “Este consultorio virtual tiene más de 30 matronas que atendemos de forma gratuita todos los días de la semana.Llevamos más de 700 mujeres atendidas gratis, y se han ido sumando más voluntarias y voluntarios, y también estudiantes de Obstetricia”5. Se valora, con creces el esfuerzo de la institución, al otorgar colaboración y un óptimo servicio a las mujeres de la Región Metropolitana, pero nos queda una tarea pendiente con el resto de las regiones del país, reforzando esta y otras necesidades, sobre todo en localidades aisladas de un centro médico o de un acceso a programas de apoyo integral en la materia.
Según las recomendaciones internacionales provenientes del Royal College of Obstetrics and Gyneacology (RCOG) para la atención del aborto en el contexto de la pandemia del COVID-19, “Para asegurar una atención del aborto segura y efectiva, podría requerirse atención a distancia o la realización de abortos con medicamentos de forma ambulatoria, especialmente en situaciones de aislamiento obligatorio o donde no se pueda acceder a una institución de salud (…). La prioridad es la provisión de atención segura a las mujeres, incluyendo aquellas quienes son casos sospechosos o confirmados de COVID 19”6.
Finalmente, es menester desarrollar lo que ocurre con los procesos no biológicamente directos de maternidad y paternidad como son los procesos de adopción y de fertilización asistida, como alternativa para optar al hecho de convertirse en madres o padres.
Actualmente en un sistema judicial, que se encuentra funcionando de manera remota y con diferentes modificaciones de hecho y de derecho en sus tramitaciones, generando una relativa suspensión de éstos, se ven dilatados entre otros procesos, el de adopción, puesto que en términos generales no es considerado un procedimiento declarativo contencioso urgente.
En el caso de los mecanismos de fertilización asistida, nos podemos cuestionar si existen realmente las condiciones para evitar el contagio en los centros médicos, de los futuros padres y del ser que está por nacer al someterse a tratamientos invasivos que requieren de la presencialidad y supervisión constante durante el período de gestación.
No podemos dejar de impactarlos por la reciente noticia de casos de bebes nacidos en Ucrania, que se encontraban en hoteles a la espera de ser buscados por sus padres, habiendo sido gestados bajo el sistema reproductivo de maternidad subrogada. Dada la cuarentena y el cierre de fronteras, los padres provenientes de otros países y continentes recientemente han podido ingresar al país en busca de sus hijos7.
Debemos como naciones, demostrar una alta preocupación por las situaciones planteadas, que no son ajenas e indiferentes en cualquier hogar y grupo familiar, recordando que el pasado 29 de mayo se conmemoró el “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”.
En palabras de la Directora Ejecutiva de UNICEF Henrietta Fore, “Millones de madres de todo el mundo iniciaron la aventura de la maternidad en el mundo que conocíamos. Ahora han de prepararse para traer una vida a un mundo totalmente distinto: un mundo en el que las futuras madres temen ir a los centros de salud por miedo a infectarse y en el que no pueden recibir cuidados de emergencia debido a la sobrecarga de los servicios de la salud y los aislamientos”(…) Es difícil hacerse una idea de hasta qué punto la pandemia del coronavirus ha transformado la maternidad”.
Finalmente concordamos plenamente con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la necesidad de proteger aún más la salud de las mujeres “Debido a las diferencias biológicas y sociales, el hecho de pertenecer a uno u otro sexo tiene gran impacto en la salud. La salud de la mujer y la niña es especialmente preocupante porque en muchas sociedades se encuentran en una situación de desventaja por la discriminación condicionada por factores socioculturales”8.